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Londres no renueva a Uber la licencia para poder operar en sus calles

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Transport for London (TfL, por sus siglas en inglés), el organismo regulador del transporte público en la capital británica, ha anunciado que ha revocado la licencia para poder operar en Londres a la empresa estadounidense Uber de servicios de taxi, alegando falta de responsabilidad respecto a sus implicaciones en la seguridad pública, en general, y la de los particulares, en concreto. La compañía tendrá que dejar de operar el próximo 30 de septiembre, aunque tiene un plazo de 21 días para recurrir la decisión.

El director general de Uber en Londres, Tom Elvidge, ha anunciado que la compañía va a a recurrir la decisión “de inmediato” en los tribunales “para defender el sustento de todos los conductores y la libertad de elección de los millones de londinenses que usan la aplicación”. La decisión, cuando sea firme, dejará fuera de servicio a 3,5 millones de usuarios y a más de 40.000 conductores que trabajan en la actualidad en la ciudad para la compañía.

El regulador TfL ha explicado, a través de un comunicado, que “la conducta de Uber demuestra falta de responsabilidad corporativa en relación a varios asuntos que tienen potenciales implicaciones sobre la seguridad pública”. Entre dichos asuntos, la entidad pública cita “su actitud a la hora de informar de delitos graves”; “su actitud en la forma de obtener certificados médicos”: “su actitud sobre cómo obtiene los certificados del DBS [Servicio de Revelación y Prohibiciones, en sus siglas en inglés, un organismo que extiende certificados a los trabajadores a petición de los empleadores]”, y “su actitud al explicar el uso de Greyball en Londres, un software que puede usarse para impedir a los organismos reguladores que tengan acceso completo a la aplicación y para impedir a funcionarios que lleven a cabo sus deberes reguladores y de cumplimiento de la ley”.

Es decir, el organismo reprocha a Uber que no explique bien cómo sus conductores obtienen los certificados médicos o de penales necesarios para la concesión de licencias e incluso cierta obstrucción al trabajo de los que deben asegurarse del cumplimiento de la ley. Por tanto, TfL concluye que “Uber London Limited no es adecuado y correcto para ser titular de una licencia de operador de alquiler”, dice el comunicado.

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, respaldó la decisión de TfL, organismo que preside, y declaró que “estaría mal seguir emitiendo una licencia a Uber si esto puede suponer un riesgo para la seguridad de los londinenses”.

En un comunicado difundido por la compañía Uber, Elvidge acusa a TfL y al propio Khan de “ceder ante un reducido grupo de personas que pretenden limitar la libertad de elección de los consumidores” y cuyas consecuencias afectarán a los conductores que “perderán su trabajo” y a los ciudadanos, “que perderán una alternativa de transporte práctica y accesible”.

El pasado octubre, un tribunal laboral británico negó que los conductores de Uber fuesen autónomos como hasta entonces los consideraba y obligó a la compañía a pagarles el salario mínimo y a cumplir con otros derechos de los empleados.

Este fallo de Londres se suma a los problemas que afronta Dara Khosrowshahi, el nuevo presidente ejecutivo de Uber, que opera en más de 600 ciudades en el mundo, incluyendo más de 40 en Reino Unido.

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